Sombras en la custodia: Mi lucha por recuperar a mi hija Lorena Acela Ceña

Sombras en la custodia: Mi lucha por recuperar a mi hija Lorena Acela Ceña.

“Es mi hija y si quiero educarla como me dé la gana, lo hago. Y si me toca mandarla a matar a usted, la mato. No me la va a volver a quitar”. Esta fue la respuesta del papá de mi hija mayor cuando lo llamé un día para pedirle explicaciones sobre lo que me contó la niña acerca de las dos semanas que había pasado con él, luego de que le pidiera el favor de tenerla en su casa mientras se hacían unos arreglos en la de mi mamá. 

“¿De qué hablas?”, le pregunté. “No se la voy a devolver”, y colgó. En ese momento sentí que mi corazón dio un vuelco. Tomé un vuelo de Bogotá a Bucaramanga y de ahí un bus a San Gil. En el camino, no hice más que darle vueltas en la cabeza a los hechos ocurridos hasta ese momento. Sentí que las cosas se salieron de las manos. 

Mientras intentaba entender cómo había llegado a ese punto, recordé de dónde veníamos, cómo empezó todo. Quedé embarazada de mi hija mayor a los 17 años, cuando apenas comenzaba la universidad. Diez días antes de su nacimiento, mi expareja me golpeó con tal violencia que estuve a punto de morir. Desde aquel 15 de noviembre, el día en que ella llegó al mundo, y durante los nueve años siguientes, él no volvió a aparecer ni a hacerse responsable de nada. Aun así, mi deseo de salir adelante fue más grande que el miedo o el dolor. Siempre he creído que las mujeres podemos con todo, y esa convicción me sostuvo cuando lo demás parecía derrumbarse.

Me dediqué a estudiar y luego a trabajar para ser alguien en la vida. Mientras eso ocurría, mis papás se encargaron del cuidado de mi hija, ofreciéndole el amor y la protección que necesitaba. No le faltaba nada. Yo hacía lo mismo en la distancia y cada ocho o quince días viajaba desde Tunja hasta Cúcuta, y luego hasta San Gil, para estar pendiente de ella. Procuré ser siempre una mamá presente en sus momentos más importantes. 

Los años pasaron, la vida pareció estabilizarse y, poco a poco, todo empezó a ordenarse. Antes de pandemia, conseguí un trabajo que me dio el sostén económico necesario para, finalmente, tenerla conmigo, y así lo hice. Pero cometí un grave error: escribirle a su papá, ese ser que nunca estuvo en su vida de manera alguna, para decirle que mi hija se encontraba conmigo y que, a pesar de lo que había ocurrido, y del tiempo transcurrido, quería que la visitara. 

Él empezó a verla de manera ocasional, pero a ella no le gustaba estar con él, aunque nunca le di malas referencias. Por eso digo que fue un gran error, porque si la hubiera escuchado entonces, otra sería la historia. Aun así, decidí abrirle la puerta de mi vida y la de mi hija, permitiendo que se acercara. 

Esa aparente calma se rompió de golpe. La semana anterior a esa llamada, llegué a San Gil y recogí a mi hija en el colegio. Le pregunté: “¿Cómo estuvieron tus días con tu papá?”, y me contó que había metido mujeres a la casa y visto y escuchado cosas que la hicieron sentir mal. También que un día en un taxi le pegó una cachetada y que muchas veces la dejó sola en las noches. 

El relato fue muy explícito y preocupante, y después de lo que vivió me insistió en que no quería que él la recogiera más. Ahí fue cuando le dije: “Hasta que tenga la conversación con tu papá, tomamos decisiones, ¿listo?”. “Listo”, me contestó. 

Al llegar a la ciudad lo primero que hice fue acudir a la Policía de Infancia y Adolescencia con el acta en la que constaba que contaba con la custodia de la niña y que el papá solo tenía derecho a visitas reguladas. Pero la respuesta de la patrullera que me atendió fue que la abogada de él era amiga suya y que en este caso existía un vacío jurídico; que debía esperar. No había más por hacer.

No lo podía creer. Empecé así un peregrinaje institucional que parecía no tener fin. Primero fui al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, a poner el caso en conocimiento de la entidad, pero me remitieron a la Fiscalía para que lo denunciara por ejercicio arbitrario de la custodia y, de paso, inasistencia alimentaria.

Todo ocurrió un viernes antes de Semana Santa. Ni el sábado ni el domingo mi hija respondió su celular, así que, atormentada, le dije a la patrullera que le dijera a su amiga abogada que necesitaba que ella contestara el teléfono porque estaba preocupada. Ni siquiera sabía dónde se encontraba. 

Finalmente, llamó a contarme que el papá le había quitado el celular. “¿Dónde estás?”, le pregunté, “En Tunja”, respondió. “¿Y qué haces allá?”, seguí indagando, “Visitando a la abuela de mi papá”. 

El lunes a primera hora llegué a la misma comisaría de familia que en 2014 me había otorgado la custodia de la niña, pero estaba cerrada por vacaciones. Pasó ese día, el martes y el miércoles, y nada que veía a mi hija, así que preocupada por el silencio, decidí regresar al ICBF. Allá me dijeron que debía solicitar un recurso de conciliación, pero la fecha más cercana era el 7 de septiembre y apenas estábamos en marzo. 

Cuando se acabó la Semana Santa, fui al colegio de mi hija para hablar con la rectora y me dijo que era amiga de la familia del papá y que no podía llevarme a la niña porque no estaba registrada como acudiente. “¡Es que yo soy la mamá!”, le expliqué. No hubo nada que le hiciera entender.

Al día siguiente fue mi mamá, quien siempre estuvo autorizada para recogerla, y tampoco se lo permitieron. Nunca va a olvidar ese día; se le partió el alma al ver a la niña de lejos mientras le gritaba con terror: “No mamá, yo no sé nada, no he hecho nada malo, no he hecho nada malo…”. 

Cuando todas las puertas se cerraban en San Gil, pensé que quizás en Bogotá las cosas serían diferentes. Viajé y hablé, literalmente, con todo el ICBF. Finalmente, pasados unos días me llamaron para decirme que la cita de septiembre la habían adelantado para el 30 de mayo, y pensé: “Ya aguanté lo más, ahora aguanto lo menos”. 

Desgastada y emocionalmente rota, intenté aferrarme a lo poco que sentía estable: mi pareja y papá de mi hija menor. En un viaje que hicimos, mientras llegaba la fecha de la conciliación, me confesó que durante el tiempo que habíamos estado distanciados (nos separamos por diferencias) mi hija mayor había estado con el papá, la abuela paterna y la abogada de la familia en un centro comercial en Tunja donde se habían reunido con mi suegra. Querían que ella testificara que mis hijas estaban desnutridas, abandonadas y maltratadas para que pudiera quedarse con su nieta, mientras él y su mamá, lo hacían con la niña… un gana-gana para ambas partes. Se me vino el mundo encima. Ese día me di cuenta del tipo de personas con las que me iba a tener que enfrentar; sin embargo, no podía derrumbarme… aún me quedaban fuerzas para seguir buscando justicia. 

A mi regreso a San Gil, volví a la comisaría de familia, pero el comisario no se encontraba. Allí me atendió una abogada a la que le conté la situación y una vez me escuchó dijo: “¿Usted es Lorena?”. Le respondí: “Sí”. “Ay, es que la mamá del señor me llamó… somos muy amigas. Le toca tener paciencia con este caso”. 

No lo podía creer. Todos, absolutamente todos a quienes acudí en San Gil, todos los funcionarios públicos, me manifestaron ser amigos de la familia, o de la mamá, o del papá de mi hija. Ninguno me ayudó realmente y solo sentí que querían dilatar el proceso a favor de ellos. Hoy, todos tienen una denuncia en la Procuraduría. 

Unos días antes de la conciliación en el ICBF, decidí buscar a un abogado que me ayudara a contactarme con un personero. Mi intención era que escuchara a mi suegra sobre lo que le habían pedido testificar acerca de mis hijas. Recuerdo que la llamó, puso el altavoz y empezó a grabar la conversación. En esta, ella le dijo que la abuela y el papá de mi hija mayor le pidieron, en presencia de su abogada, que testificara que yo era una mujer violenta, que tenía a mis niñas abandonadas y mal vestidas, que les pegaba y muchas cosas más. 

Luego de escuchar su versión, el personero me dijo que fuéramos por mi hija al colegio; sin embargo, llegamos a la conclusión de que podía ser muy traumático para ella que la sacaran de allá con la Policía de Infancia y Adolescencia, así que decidimos esperar a la cita con el ICBF, que era al día siguiente. 

Asistí a la cita con mi abogado y el personero como testigo, pero el papá de mi hija no apareció. Su abogada sí lo hizo solo con el interés de anunciar que no se podía llevar a cabo la conciliación. Sin embargo, la defensora le dijo que se hiciera o no debía levantar un acta (la cual existe), así que le conté lo que había ocurrido hasta ese momento. 

Cuando acabé, la abogada intervino: “¿Cómo dice eso si su hija cada vez que la ve se quiere sacar los ojos? Además, usted está denunciada por violencia intrafamiliar”. Quedé desconcertada. “¿Qué?”, dije, y miré aterrada al personero, quien pidió la palabra para manifestar que el día anterior había hablado con el comisario de familia para confirmar la vigencia del acta de custodia a mi favor. La defensora, por lavarse las manos, solo dijo: “Señora Lorena, le voy a decir algo no como defensora, sino como mamá: vaya a un juzgado y demande. Denuncie a cualquier funcionario que tenga que denunciar”. ¿En conclusión? No se pudo realizar la conciliación y seguía sin ver a mi hija.

Al otro día fui de nuevo donde el personero para preguntarle qué hacía. Tomó el teléfono y llamó al comisario de familia: “Señor comisario, usted nos dijo que ella tenía la custodia de su hija, ¿por qué ayer llegó una abogada diciendo que Lorena está denunciada por violencia intrafamiliar? Traiga el expediente”. Le llevaron los documentos en los que se notificaba que se realizó una restitución de derechos por violencia intrafamiliar. 

Pedí, entonces, que me dejaran ver la entrevista que le hicieron a la niña y leerla me devastó. En esta, mi hija afirmaba que yo la había sexualizado, golpeado y lastimado. Miré al personero, me puse a llorar y le dije: “Esto es mentira”. Y me respondió: “La entrevista la hizo una psicóloga”. 

Como me vio tan mal, el personero pidió que citaran a la psicóloga. Apenas la tuve al frente le pregunté: “Doctora, ¿usted cómo fue que hizo esa entrevista?”, y solo me respondió: “hágame el favor y me respeta; soy una psicóloga profesional y ahí está la respuesta de su hija”. Me callé, me limpié las lágrimas y le dije: “quiero que sepa que la voy a denunciar en el Colegio Colombiano de Psicólogos”. 

En ese momento me di cuenta de que la situación había escalado de una manera que jamás hubiera podido imaginar. Un día después, el 5 de junio, me quitaron la custodia de mi hija mayor con una justificación de violencia intrafamiliar, pero no se hizo una denuncia formal ni interpusieron una medida de protección en mi contra. 

Cuando por fin asumí la magnitud de todo, supe que necesitaba ayuda legal urgente, así que contacté a un buffet de abogados para que se apersonara de mi caso. En julio pusimos una demanda por custodia (que se aceptó en agosto) e inmediatamente empezaron a hacerme llamadas amenazantes, a enviarme correos amenazantes y a mandarme mensajes amenazantes por redes sociales en los que me decían que me iban a matar y a picar. Todo lo tengo documentado. 

A causa de la frecuencia e intensidad de las intimidaciones, tuve que empezar a tomar terapia y salir de San Gil para radicarme en Tunja; allí, intenté seguir con mi vida, pues debía trabajar y continuar siendo mamá de mi hija menor. Sin embargo, de un momento a otro mis piernas dejaron de responder. Permanecí hospitalizada durante 15 días y aunque físicamente todo parecía normal, mi cuerpo decía lo contrario. 

Recuerdo que cuando la psicóloga fue a visitarme a la clínica me dijo: “Lorena, te voy a dar una opinión muy personal porque conozco tu caso y a ti: estás somatizando en las piernas el dolor y el deseo de salir a correr por tu hija, pero tienes que ganarle a eso, porque o si no, ¿cómo vas a caminar?”. En realidad, tuve que reaprender a caminar, y la mejor motivación para hacerlo fue mi hija pequeña, además de un mensaje que la mayor me mandó por Instagram: “Mami, te amo, te necesito”. 

Mientras tanto, los abogados enviaron un memorial a la jueza que llevaba el caso de custodia, quien se pronunció el 22 de octubre, diciendo que tenía derecho a ver a mi hija los fines de semana y también a pernoctar con ella. Eso ocurrió un jueves. Al día siguiente estaba firmando mi salida de la clínica, aunque seguía enferma, para viajar el sábado a primera hora a verla. En ese entonces, ya caminaba un poco mejor.

Acudí al domicilio de su papá con la Policía de Infancia y Adolescencia y no había nadie, así que me devolví a Tunja. El siguiente fin de semana hice lo mismo y salieron las empleadas a decir que su jefe no vivía ahí hacía ocho meses. Al tercer intento apareció su abogada para asegurar que había pedido traslado, así que miré al policía y comenté: “Como siempre, no me la van a traer. No sé a qué le tienen miedo. Quizás a que ella y yo sabemos que no soy violenta, ni nada de lo que pusieron en esos documentos solo por quitármela”. Para constancia, grabé cada una de las visitas.

Durante ese tiempo los abogados le habían enviado otro memorial a la jueza y ella en respuesta notificó: “Cúmplase y hágase lo que ratifiqué el 22 de octubre”. Confiada en eso, ya estaba preparando mi viaje, pero me llamaron a contarme que entutelaron la resolución de la jueza. Esto me aterrizó en la difícil realidad de que seguiría sin ver a mi hija ni hablar con ella. Ya habían pasado nueve meses. 

No me aguanté y decidí no callar más. Llamé a una amiga y le conté toda la situación. Me dijo que viajara a Bogotá y me puso en contacto con una senadora para realizar la denuncia pública. Llegué al Congreso y lo hice. También me aconsejó que lo contara en redes y que ella haría lo propio en las suyas. Además, se sumaron mis amigos y algunas de las personas con las que trabajaba. Se activó mi red de apoyo.

Era la primera vez que lo contaba a quienes me conocían, porque, desde un comienzo, pensé que lo mejor era tratar el tema en la intimidad del hogar, pues siempre me habían dicho que los “platos sucios se lavan en casa”; por eso, permanecía callada. Pero dije: “No más” y al hacerlo, recibí más llamadas amenazantes. 

Fueron tantas que el primero de diciembre de ese año, la Defensoría del Pueblo de Bogotá le dio la orden a la seccional de Boyacá, con sede en Tunja, de darme una medida de protección. En respuesta, la defensoría se contactó conmigo para preguntarme lo que estaba ocurriendo y enviar la evidencia de las amenazas. 

En enero me notificaron que le iban a solicitar a la comisaría de familia una medida de protección y, además, un estudio psicológico para que un perito indicara el grado de riesgo de feminicidio en el que me encontraba. En el resultado, el médico forense dictaminó que estoy “en riesgo de feminicidio agravado” y me dieron una medida de protección provisional. Luego, la comisaría compulsó copias del caso a la Fiscalía. 

Los días siguientes, me preparé para la primera audiencia en la que debía mostrar pruebas. Por fortuna, tenía testigos de las llamadas amenazantes; algunas, también estaban grabadas. Durante la diligencia puse en conocimiento de la funcionaria que el papá de mi hija mayor me había golpeado antes de que ella naciera y que algunos profesores de la universidad en la que estudiaba vieron los moretones en mi cara. 

Para la segunda audiencia, la comisaria aconsejó que llamara a la Defensoría del Pueblo con el fin de que una delegada de mujeres estuviera presente; también me dijo que le pidiera lo mismo a la personería con el fin de que vigilara el caso. Así hice y el resultado de la diligencia fue una medida de protección definitiva a favor mía y en contra del papá de mi hija mayor. Además, la entidad resolvió que tenía derecho a ver a la niña por videollamada miércoles y sábados, mientras se solucionaba la demanda interpuesta por violencia intrafamiliar. 

Luego de esa decisión, pude ver a mi hija por primera vez después de largos meses a través de una pantalla. Aunque estaba que me moría por dentro, traté de entablar una conversación normal con ella; incluso le mostré a su hermanita. Sabía que era un proceso, así que intenté que la charla fluyera poco a poco. 

En la siguiente llamada que hice, no obtuve respuesta, así que envié un correo a la comisaria contándole la situación. Nada cambió. Como la resolución de la jueza había sido entutelada, aduciendo que yo era un peligro para mi hija, el contacto con ella fue muy limitado. Solo la pude ver cuatro ocasiones por videollamada.  

Ese mismo mes, los abogados interpusieron una demanda por inasistencia alimentaria contra el papá de mi hija mayor y en marzo embargaron todos los bienes a su nombre. En junio, tuvo lugar la primera audiencia de custodia con la jueza; por fortuna, la funcionaria me dio el espacio para contarle todo lo que había ocurrido hasta la fecha y literalmente le rogué, le supliqué, que me dejara ver a mi hija, porque yo no era una criminal. En esta determinó que podía estar con ella de dos a seis de la tarde todos los viernes en el juzgado. 

Fue entonces cuando me preguntó por qué no había hecho antes la gestión a través de la comisaría de familia y le hablé de la medida de protección definitiva y de la falta de garantías que tenía de sentarme en el mismo espacio con el papá de mi hija después de recibir todas las amenazas. Aun así, decidí que era mejor verla, así fuera en esas condiciones, que no hacerlo. 

Viajé para encontrarme con ella y lo primero que hizo fue abrazarme. De esta manera le pude demostrar a la jueza que eso de que no podía verme porque se quería sacar los ojos, no era cierto. Sin embargo, yo guardaba el sinsabor de que no le hubiera importado la medida de protección definitiva y haberme hecho ir hasta una ciudad en el que me sentía bajo amenaza. Es más, la contraparte intentó tumbar la medida de protección con un juez de garantías, que no la aceptó, y luego en la Corte Constitucional, donde se encuentra en este momento.

Hace poco tuve la segunda audiencia de custodia, en la que, a través de una organización internacional de apoyo a mujeres, logré el acompañamiento de la Procuraduría regional de Santander, donde, además de contar mi caso y las mentiras en las que ha incurrido el papá de mi hija mayor para quedarse con ella, los abogados lograron interrogarlo y sacarle respuestas claves en mi proceso, como que me había golpeado y también a la niña, y que, además, la sustrajo aun cuando yo tenía la custodia. Mi única intención en la audiencia era que le realizaran a mi hija una prueba psicológica forense y que no solo me permitieran verla, sino que pernoctara conmigo. La jueza finalmente accedió a que la recogiera el viernes a las cuatro de la tarde y la entregara el sábado a las seis de la tarde. 

A día de hoy, ya llevamos varios fines de semana en esa dinámica y cada vez la siento más mi hija, la niña de siempre. Es más, en una de las visitas le pidió al papá un poco más de tiempo conmigo, así que pude estar con ella un sábado hasta las ocho de la noche. Ahí vamos, paso a paso.

Verla es un alivio para el alma, pero el costo emocional, mental, económico y físico de conseguirlo ha sido abrumador. Pese a que soy una mujer positiva, he querido bajar los brazos muchas veces; en ocasiones me cuesta levantarme de la cama y siento miedo cada vez que recibo un mensaje en la bandeja de correo. Lo único que me mantiene en pie, persistiendo, es mi hija menor, quien se ha convertido en mi luz en este camino oscuro; es el faro que no deja de brillar… Gracias a ella sigo adelante todos los días. 

Durante este proceso frustrante y doloroso, decidí no solo no callar, sino denunciar a quienes, sin pudor alguno, me dijeron de frente que eran amigos de la familia del papá de mi hija, entorpeciendo el proceso y parcializando sus decisiones. Nunca me he quedado quieta y no pienso hacerlo, no solo por mi hija, sino por mí, por mi buen nombre, por mi reputación, que se ha visto mancillada por mentiras y falsas acusaciones. Por la corrupción de algunos funcionarios que manchan el nombre de las entidades que representan. Por la falta de empatía y el machismo. Por la violencia institucional que revictimiza. 

Hoy, me he convertido en guía para muchas mujeres que atraviesan algo similar y que aún no se atreven a hablar, porque nos pasa con frecuencia que no lo hacemos. Y siempre hay que hablar. Aprendí que para que este círculo vicioso de destrucción se acabe, es imprescindible alzar la voz. El día que lo haces, este se rompe. 

Mirando hacia atrás, entiendo que mi historia no es solo mía: es la de muchas mujeres que siguen luchando por recuperar su voz. Hoy pienso que quizás no hablé a tiempo; sin embargo, lo hice y con argumentos, con persistencia y a pesar del miedo. Porque, como me dijo una vez mi mamá: “Eres tan fuerte como Sansón y a Sansón nadie lo derrumba”.

El 4 de noviembre de 2025 tuve la tercera audiencia, la que definiría las pruebas. Ese día llevaron a mi hija al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de San Gil. Entró pequeñita, silenciosa, sentada junto a una psicóloga. A mí y al papá nos sacaron de la sala; solo quedaron los abogados. 

Desde afuera escuché cómo mi niña, la que crie con ternura y límites desde el amor, repetía incoherencias que jamás habían ocurrido: que yo la ahorcaba, que le arrancaba el pelo, que la golpeaba todos los días, que vivíamos en desorden, que peleaba constantemente con mi pareja, que jamás celebré una Navidad, que nunca estuve presente. 

Cada palabra era una puñalada, no por la acusación en sí, sino porque esa voz infantil estaba diciendo algo que no venía de ella; era producto de la manipulación a la que había sido sometida. Yo nunca la golpeé, jamás lo haría; toda mi vida con ella fue comunicación, paciencia, cuidados, viajes, celebraciones, fotos y abrazos. Y aunque su relato era frágil, contradictorio, construido desde el miedo o la presión, allí se estaba usando como herramienta para destruirme. La audiencia terminó luego de que se escuchara a mi hija durante dos horas, pero no se alcanzaron a presentar los demás testigos. Lo cierto es que ese día mi corazón se fracturó. 

Más tarde, al salir de la diligencia, una tía paterna la encontró afuera y, con lágrimas en los ojos, le preguntó por qué decía mentiras, por qué manifestaba cosas que no eran ciertas. Lo hizo desde el amor, con el cariño de quien la conoce desde bebé. Mi hija, lejos de alterarse, se rio. Se despidió de mi tía y de mi abuela, miró hacia la cámara de seguridad y dijo, con ligereza: “Ahí todo quedó grabado”. 

Minutos después, la abogada del papá escribió que la niña había vivido un episodio traumático, cuando las grabaciones mostraban lo contrario: estaba tranquila, riéndose, sin ningún gesto de miedo o angustia. La incoherencia entre lo que decía y cómo actuaba evidenciaba más la alienación parental que cualquier informe. 

Ese día pedimos la prueba psicológica forense, la única capaz de demostrar si su discurso se había inducido, pero la jueza la negó. Ahora esperamos la próxima audiencia, el 16 de diciembre, con la esperanza de que, esta vez, la verdad encuentre su camino.

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